LECTURA RECOMENDADA:EL PELIGRO DE UN SISTEMA AUTORITARIO.

La independencia de la Justicia es una de las columnas basales del Estado de derecho de muy difícil concreción en nuestro país. Así las cosas, el inicio de la administración Kirchner con el dictado del decreto 222/03, de autolimitación de la facultad del Presidente para designar a los miembros de la Corte Suprema, permitió la conformación de un Tribunal de notables juristas con vocación de independencia de criterio, entre ellos, a dos mujeres, por primera vez en un período democrático. Su labor ha ido confirmando esta impresión tanto por sus sentencias, como por la voluntad de hacerse cargo de numerosas materias pendientes en la sociedad argentina.

Desafortunadamente, más adelante se produjo un cambio en sentido opuesto, que culmina con la reforma del Consejo de la Magistratura. En efecto, la modificación lejos de contribuir a la construcción de un Poder Judicial independiente persigue el control del organismo. Ello dado que se reduce el número de miembros del Consejo pero se mantienen los 5 del oficialismo. Éstos tienen una capacidad de veto de las decisiones fundamentales del Consejo, la remoción de los jueces y la elevación de la terna para la designación de nuevos magistrados, en tanto y cuanto para tomar esas resoluciones es necesaria la mayoría de dos tercios.

A partir de allí, la irrupción del Ejecutivo sobre esta institución ha sido incesante. Se manifestó respecto de los miembros de la Cámara de Casación Penal. Ello importa una invasión sobre el Poder Judicial, ya que el Consejo lo integra, y de que se trataba de una causa pendiente. Esto, no obstante que el artículo 109 de la Constitución Nacional claramente le prohíbe al Presidente llevar a cabo este tipo de actos.

Esta presión pende sobre jueces y fiscales en los casos que afectan seriamente la imagen del gobierno, fundamentalmente delitos contra la administración pública, primero fueron los casos Skanska y Grecco, luego el “affaire Miceli”. Ahora el denominado “Valijagate” junto a la eventual financiación de la campaña de la Presidenta con fondos provenientes de la industria farmacéutica, especialmente de empresarios comprometidos con el comercio ilegal de efedrina. En todos los casos resultan perceptibles la demora, la escasez de procesados, los cambios de jueces. Es decir una mecánica absolutamente reñida con la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.

Asimismo, se amenaza a aquellos magistrados que tienen en estudio causas que interesan al poder político. En efecto, los miembros del oficialismo en el Consejo han llegado a promover la iniciación de las actuaciones para la remover al juez federal marplatense que declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 125, luego de una denuncia presentada ante el Consejo por el titular del Sindicato de Empleados Judiciales, aduciendo mal desempeño derivado del carácter político de su fallo. Este disparate, que en circunstancias normales debería haber sido rechazado in limine por la Comisión de Acusación, sin embargo, mereció de parte de ésta la apertura de un sumario en aras de determinar la responsabilidad del juez, primer paso hacia la formación del respectivo Jury de Enjuiciamiento.

Estas situaciones se repiten en muchas provincias y llevan a que los jueces se transformen en verdaderos rehenes de Consejos de la Magistratura con mayoría de miembros políticos. En este marco, toma una gran relevancia la actitud de la Corte Suprema con motivo de la reciente conferencia de jueces realizada en Córdoba. Allí se concretó una clara advertencia contra estos procederes, de parte de su Presidente, el doctor Lorenzetti. Asimismo, la Corte ha decidido revisar los juicios políticos promovidos contra jueces provinciales en los que no se ha respetado el debido proceso.

En suma, el auspicioso comienzo, lejos de afirmarse, va conduciendo a las instituciones a un estado de situación similar a la de Santa Cruz, luego de los casi tres períodos de gobierno del ex gobernador Kirchner. Vale recordar que la Justicia de esa provincia fue totalmente cooptada por el poder político. Primero se removió inconstitucionalmente al procurador general, Dr. Eduardo Sosa, quien hasta el día de hoy, y pese a varios fallos de la Suprema Corte que han ordenado su reposición en el cargo, continúa luchando para que se cumplan. Luego, se amplió el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia y más adelante, se fueron controlando los nombramientos en función de las necesidades de los ocupantes del Ejecutivo. Ojalá que los argentinos tomemos conciencia de la grave amenaza que pende sobre el efectivo goce de nuestros derechos fundamentales e impidamos que se consume la instalación de un sistema autoritario en nuestro país.

Daniel Sabsay
*Abogado constitucionalista.
Publicado en Diario Perfil